28 Marzo 2016

CIUDAD DE MÉXICO.

Al arranque en esta semana de la construcción de la reforma secundaria en materia de combate a la corrupción, los legisladores se enfrentan a una realidad innegable que puede llevar a letra muerta algunos de sus aspectos más positivos e innovadores de estas leyes, porque la realidad nacional y la cotidianidad de los servidores públicos está alejada de los objetivos planteados.

Son tres los principales retos que les presenta la realidad a los objetivos del combate contra la corrupción.

El primero es la carencia de presupuesto para que los estados y municipios cuenten con una estructura eficiente para la vigilancia de las conductas anómalas de sus funcionarios; 60% de los municipios carece del diseño administrativo para echar a andar los mecanismos de vigilancia anticorrupción; a lo cual se suma la vulnerabilidad política de los contralores

El segundo reto es la forma en que se pondrá en marcha la exigencia de organizaciones ciudadanas para que todos los servidores públicos presenten sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscales, llamadas 3 de 3, pues aun cuando existe un consenso entre legisladores y organizaciones sociales, lo cierto es que 68% de los poco más de un millón 200 mil servidores públicos perciben entre mil 800 y 27 mil pesos mensuales, lo que les impide contratar contadores que les ayuden a presentar una declaración fiscal a la cual no están obligados por el SAT.

Y el tercer reto es la definición del umbral de inhabilitación, pues si bien existe consenso en que no deben ser ya de 10 años, y hay propuestas de que se eleve hasta 30 años; en los hechos, esa disposición pone en riesgo a burócratas que cometan errores como presentar de manera extemporánea su declaración patrimonial, anomalía que no corresponde con el nivel de castigo que se quiere imponer.

De acuerdo con las observaciones que diversos especialistas, contralores, Auditoría Superior de la Federación y los propios senadores han hecho al documento de trabajo del cual parte la discusión del Senado para construir el entramado legal del paquete anticorrupción, es necesario que las nuevas leyes se ajusten a la realidad cotidiana nacional, porque de lo contrario quedará sólo como una legislación ideal, sin traducción concreta.

Un destino similar al que tiene la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que está en vigor desde el año 2008, con modificaciones importantes para estados y municipios desde 2012, pero que todavía no puede ser una realidad tangible, porque los estados no han logrado entregar a tiempo y en orden los informes que se les solicitan, y más de la mitad de los municipios no ha logrado avance alguno para rendir cuentas, porque carecen del dinero para atender todos los parámetros que se les fijan.

Los contralores estatales, quienes fueron consultados por el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, Pablo Escudero, dejaron en claro que la carencia de dinero para que los municipios apliquen las nuevas reglas, el sometimiento de algunos contralores al poder de los gobernadores, la presión política y los denominados “juegos perversos” que se viven en todas las entidades de la República Mexicana, ponen en riesgo el esfuerzo por vencer los actos de corrupción en México, advirtieron algunos responsables de vigilar los gastos estatales.

Los funcionarios estatales resaltaron que el naciente Sistema Nacional Anticorrupción implicará que los municipios cuenten con la infraestructura administrativa mínima para atender los nuevos compromisos; sin embargo, será difícil que pueda lograrse, porque en este 2016 los estados tendrán un recorte de dinero directamente relacionado con la caída en los precios internacionales del petróleo, amén de que tienen compromisos millonarios para el pago de su deuda.

Bladimiro Hernández Díaz, contralor del estado de Baja California, comentó que de acuerdo con las encuestas realizadas en su entidad,  80% de los actos de corrupción se cometen a nivel municipal, “pero no se crean que es porque a nivel estatal no se registren; lo que pasa es que hay más funcionarios municipales; por ejemplo, por cada policía estatal hay tres municipales” y recordó que es en la fuerza policiaca donde se concentra el gran número de quejas de corrupción.

Carmen Teresa Ramírez, quien planteó que no existen manuales para normar el criterio de los contralores estatales, y mucho menos a nivel municipal, aceptó que existe falta de objetividad en las observaciones que hacen algunas contralorías a nivel estatal; sin mencionar el nombre del estado, relató que en una entidad del país se registraron en una ocasión 100 observaciones a una cuenta pública, pero con el paso de los días, la presión fue tal, que las observaciones quedaron en diez, y ésa es una realidad que no se puede negar.

La declaración fiscal

La propuesta de Ley de Responsabilidades Administrativas que presentaron las organizaciones sociales, con el respaldo de 291 mil 467
firmas, dice en su artículo diez que todos los servidores públicos tendrán la obligación de “presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de impuestos en los términos establecidos por la ley.

“Las declaraciones a las que se refiere esta fracción estarán disponibles al público, con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia”.

El artículo 108 Constitucional define como servidor público a los representantes de elección popular; a los miembros del Poder Judicial de la Federación, “funcionarios y empleados en general” del Congreso de la Unión y del gobierno federal y los organismos autónomos; es decir, desde el puesto más modesto hasta el más alto.

Actualmente, sólo los servidores públicos que ganan alrededor de 400 mil pesos anuales deben presentar la declaración fiscal; lo cual ocurre sólo con 32% de la burocracia federal; hacer obligatoria la declaración fiscal implicará que 68% de los trabajadores restantes, quienes ganan salarios más bajos, deberán pagar a un contador que les ayude a presentar una declaración fiscal que se hará pública, aunque la autoridad fiscal, como es el Servicio de Administración Tributaria, no se la requiera.

“NO SE NEGOCIARÁ EN LO OSCURITO”

El Senado entra esta semana al periodo de definición del paquete de reformas de combate a la corrupción, con una base de 80% de acuerdos logrados entre las fuerzas políticas, especialistas y organizaciones sociales para hacer de los actos de corrupción “una actividad de alto riesgo y bajos rendimientos”, y la convicción de que no habrá negociación legislativa “en lo oscurito”.

“La meta general del Sistema Nacional Anticorrupción es que todos los servidores públicos realicen sus atribuciones dentro del marco de legalidad, donde los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y se garantice el fin último del estado de derecho: la justicia. Lo que busca es convertir la corrupción en un acto de alto riesgo y de bajos rendimientos”, establece el documento de trabajo con el cual arranca el proceso legislativo.

Además, establece la creación del Registro Público Especial de los Servidores Públicos que participan en Contrataciones Públicas y Declaraciones de Intereses; el Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públicos y de Intereses y el Registro Público de Servidores Públicos y Particulares Sancionados en el Ámbito Administrativo y/o Penal.

Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, responsable de todo este proceso legislativo, explica aExcélsior que el documento de trabajo tiene 80% de consenso.

“La estructura del documento de trabajo está a 80%, lo que pasa es que los grupos de trabajo querían ver reflejadas de manera íntegra sus propuestas y su iniciativa, pero eso es muy difícil. Ellos saben que el modo de trabajar de esta comisión es muy diferente a lo que sucede en el senado.

“Podremos encontrar en otras comisiones que se presenta un dictamen 24 horas antes y nosotros no, emitimos documentos, lo distribuimos, recibimos observaciones y recomendaciones y después de un segundo documento vemos si podemos transitar al dictamen, si no, pues vamos por un tercer documento de trabajo.

“Y quiero dejar en claro que para cualquier modificación que exista al documento tendrá que haber una paternidad clara de quién lo está proponiendo y por qué. Me parece que todas las reuniones, incluidas las de los presidentes, no tendrán ninguna objeción de que sean grabadas, que sean públicas, aunque sean muy técnicas”, precisa.

Hace unos meses, el proceso de construcción de la Ley General de Transparencia, registró críticas constantes por parte de legisladores del PAN y el PRD, así como organizaciones civiles, porque acusaron retroceso respecto a la reforma constitucional,

Ahora, la izquierda aplica el mismo trato al proceso de construcción de las nuevas leyes en materia anticorrupción, pues además de descalificar el primer documento de trabajo, por medio de un comunicado de prensa, el PRD en el Senado acusó que ese documento no fue hecho en el Senado, sino en la Presidencia de la República.

Pablo Escudero, responsable de todo este proceso de construcción, como lo fue en el tema de Transparencia, asegura que fue él quien hizo el documento de trabajo que entregó a todos los senadores, a organizaciones civiles y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF); rechaza que haya sido la Consejería de la Presidencia de la República la responsable de esta redacción.

“Yo entiendo que algunos senadores quieren ver reflejada su iniciativa en el documento de trabajo, pero busqué hacer una propuesta base con el mayor grado de consenso. No es una suma de copy-paste. Es un documento que tiene redacciones congruentes con el resto del entramado jurídico nacional y, sobre todo, con el texto constitucional.

“En una iniciativa no puedo poner la palabra moche, porque esa palabra no existe. Lo que hemos incluido es una redacción justa y precisa de lo que es un moche, que es aquella persona que obtenga indebidamente un bien por sí o por interpósita persona, familiar, etcétera, que adquiera un bien. Esa conducta es un moche y se incluye a todos los servidores públicos.

“Hay algunos senadores que les gustaría que pusiera moches de diputados. Bueno, si yo pusiera moches, que no puedo poner, pero si la pusiera a los diputados, estarían dejando fuera a todos los demás servidores públicos, me parece que esas son algunas de las cosas que mis compañeros que no son abogados no entienden con precisión”, dijo.

Además de las críticas mediáticas al documento de trabajo, el proceso de construcción de esta reforma secundaria enfrenta la demanda panista de que no se permita que nadie ajeno al Senado meta mano al dictamen, o que de pronto surja un documento que nadie conoce y que a pesar de que todos saben que el autor es el titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, se atribuya a un trabajo de los propios legisladores.

Laura Rojas, quien es la responsable de la negociación de este paquete de reformas, por parte del PAN, ya pidió públicamente el compromiso de que a partir de esta semana que comienza el proceso de concreción de las propuestas vertidas, se trabaje públicamente en comisiones y no existan reuniones privadas ni entre grupos de legisladores, que se ponen de acuerdo y después sólo le piden a sus compañeros que acompañen estos acuerdos.

A la petición de Laura Rojas también se sumaron las organizaciones civiles y los grupos de académicos que están interesados en que se construya la mejor legislación, como Transparencia Mexicana, que encabeza Eduardo Bohórquez.

“Yo no tengo ninguna objeción en que se transmita todo en vivo. Pero también es necesario que los interesados en este proceso, que no son legisladores, sepan que hay momentos en que los senadores hablamos en corto de algunas cosas, porque no es correcto evidenciar algún legislador que no sabe lo que pide.

“Hay parámetros constitucionales que hay que seguir y que he querido ir ilustrando en una discusión muy técnica de temas que muchos senadores no conocen. Hay que tener cuidado para decirle a un senador que no sabe de lo que está hablando y que pide imposibles. Si eso no se lleva con sensibilidad, se sienten indignaciones, por eso muchas de esas pláticas son en corto, para no evidenciar el desconocimiento de algunos”, aclaró Pablo Escudero.

En mayo de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

En este sistema la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus ayuntamientos.

Asimismo, los servidores públicos federales y locales deberán proporcionar la información y documentación que solicite la ASF. En caso de que los funcionarios no proporcionen la información, serán sancionados.

Se especifica que los funcionarios estarán obligados a rendir su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades en los términos que especifique la ley.

Fuente:http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/28/1083257