Periódico la República | Viernes 19 de Mayo de 2017

 

Los resultados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) podrán palparse después de una década y será en ese momento cuando se conozca si el andamiaje creado fue “bueno, regular o malo’’, admitió el subsecretario de la Secretaría de la Función Pública, Javier Vargas Zempoaltecatl.

En entrevista con El Sol de México, el funcionario reconoció que existe una crisis de credibilidad en relación a las instituciones y el objetivo principal del SNA será recobrar la confianza de los ciudadanos de nuestro país, a partir de transparentar el ejercicio de los recursos públicos y castigar la corrupción.

Además, detalló que han sido recuperados alrededor de 15 mil millones de pesos, que es más del doble de recursos asignados a la Secretaría de la Función Pública; recuperaciones que son a través de sanciones y auditorías.

Y derivado de estas acciones de fiscalización, la dependencia, junto con los órganos internos de control, ha aplicado casi 53 mil sanciones.

Lo importante de la reforma constitucional para crear el SNA, dijo, es que no se trata de un programa sexenal ni de una administración; los ajustes permean a las 32 entidades federativas. “Por eso todas las esperanzas; convencido de que va a funcionar’’, auguró.

Y destacó que en lo que va de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública ha recibido más de 250 mil quejas relacionadas con hechos que el ciudadano considera son irregulares, con la aplicación de 53 mil sanciones y la recuperación de más de 15 mil millones de pesos.

Percepción negativa

-¿La sociedad ya no cree en las instituciones?

-El principal objetivo del nuevo SNA es recobrar esa credibilidad y esa confianza; y en lo que va de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, del primero de diciembre de 2012 al 30 de abril de 2017, hemos recibido más de 250 mil quejas de ciudadanos, relacionadas con irregulares, que tienen que ver con más de 350 mil servidores públicos; han sido atendidas por miles y resueltas alrededor de 216 mil.

Derivado de éstas y de otras acciones de fiscalización, la SFP, junto con los órganos internos de control, han aplicado casi 53 mil sanciones

Sin embargo, el funcionario apuntó que la percepción ciudadana no es la mejor, pero el presidente empujó e impulsó una reforma constitucional para combatir la corrupción.

Después de un proceso con la participación de los poderes federales y la sociedad civil, la reforma se publicó en mayo de 2015 que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción y en 2016, el 18 de julio, el jefe del Ejecutivo promulgó las primeras siete leyes reglamentarias de este sistema. Pero el Senado aún no alcanza un acuerdo para nombrar al Fiscal en la materia.

-¿Los casos de corrupción ha desacreditado a gobiernos, tenemos crisis de instituciones?

-Habría que ver qué entendemos por crisis de instituciones

-¿De credibilidad?

-Eso desde luego que sí, por las cuestiones que hemos platicado, pero ante esa situación, que es importante reconocerlo, se han tomado acciones importantes, no solamente del Poder Ejecutivo, sino de todos los poderes y de todos los ámbitos de gobierno con este nuevo SNA y ante esa situación las cosas van a cambiar. Este sistema entra en plenitud, ya en vigor, a partir del 19 de julio próximo.

-¿Recuperar la credibilidad de las instituciones?

-Sí, a eso va. Ese es el principal objetivo, a partir de transparentar el ejercicio de los recursos públicos, de sancionar a quienes no lo hagan de manera adecuada y cometan hechos de corrupción. Ese es el principal objetivo: recobrar la credibilidad de las instituciones en los ciudadanos de nuestro país.

-¿Lo de crisis de instituciones y falta de credibilidad, no solo es una situación interna, tiene repercusiones internacionales y coloca a México en contexto no muy agradable?

-Este problema de la corrupción no es privativo de nuestro país, es un problema a nivel mundial y desde luego que en la medida que no exista certidumbre jurídica, las inversiones lejos de llegar se pueden ir.

Bajo ese contexto, todo esto, junto con todas las reformas estructurales que ha impulsado el Presidente de la República, van no solamente a recobrar la credibilidad de los ciudadanos, que es el principal objetivo, dan la pauta de creer en México como un lugar adecuado para invertir.

Y agregó: “en la medida en que haya seguridad jurídica, seguridad pública, certidumbre, transparencia, rendición de cuentas, todo tiene que abonar y repercutir’’, refrendó Javier Vargas.

-¿Qué opina que el Congreso incumpla, fecha tras fecha, con el nombramiento de Fiscal Anticorrupción?

-Más que hablar de un incumplir yo diría que ha sido un proceso que debe atender las inquietudes de la sociedad civil, y eso ha llevado al Senado, más que al incumplimiento, retrasando, pero no hay un plazo fatal para la designación del fiscal, y lo mismo sucede con los magistrados -18 nombramientos-.

-¿La sociedad demanda esta designación?

Se da en un contexto de democracia de nuestro país, donde hay un sistema de pesos y contrapesos, donde ya no se deja toda la carga al Presidente de la República, que en otros años, era la máxima autoridad en nuestro país y definía todo, ahora hay una participación de todos los poderes públicos, de todos los órdenes de gobierno y de organismo autónomos.

-¿Pero es importante el nombramiento del Fiscal?

-Desde luego, porque en la instalación de la sesión del Comité Coordinador asistió el Procurador General de la República y esperamos que en la próxima sesión -trimestral- haya un acuerdo en el Senado y se designe al que estará fungiendo como primer Fiscal Anticorrupción.

-¿En licitaciones públicas se tiene un seguimiento puntual para evitar conflicto de interés o adjudicaciones a modo?

-Es un tema interesante y rico. Existe un nuevo marco jurídico para combatir la corrupción y prevenir los conflictos de interés en contrataciones públicas. Actualmente estamos en un proceso de revisión y renovación del sistema Compra Net; estamos implementando la parte de planeación y ejecución de la contratación pública. Se tienen figuras como el testigo social que es una forma de participación ciudadana; protocolo de contacto de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas con los proveedores y contratistas y con el nuevo SNA, la responsabilidad administrativa ya no es solamente para servidores públicos, sino también de particulares en hechos de corrupción.

-¿La dependencia tiene un trabajo grande, difícil y arduo en materia de corrupción?

-Es un gran reto y responsabilidad para quienes participan en el nuevo marco jurídico que da vida al SNA. Sin embargo, para una evaluación, será en 10 años, aunque antes se irá avanzando. La parte jurídica es el primera paso, estamos en la parte de la implementación y la ejecución se llevará su tiempo. Pero ya tener las leyes es un gran logro.

Vargas Zempoaltecatl dijo que es un giro de 180 grados en el combate a la corrupción, primero, porque ya no queda en manos de una sola autoridad la estrategia anticorrupción, sino que ahora se abre un SNA donde participan la SFP, ASF, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el INAI, un represente del Consejo de la Judicatura Federal y el Fiscal Especializado en el combate a la corrupción.

Lo novedoso -no solo en nuestro país- sino a nivel mundial, es que este comité (Comité de Participación Ciudadana) lo preside un ciudadano.

Además, se tienen que crear para el 19 de julio de 2017, fecha en que entra en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades, 32 sistemas locales anticorrupción, que van a seguir las directrices, lineamientos y políticas que se prevén y todas aquellas que emita el Comité Coordinador.

Con todo esto, desde luego que la percepción ciudadana va a cambiar, porque ya es parte de la autoridad que está combatiendo este problema, porque además por primera vez en la historia de nuestro país, la misma autoridad que investiga no será la que sancione tratándose de hechos de corrupción, sino que la SFP va a agotar la investigación, va a iniciar el procedimiento administrativo, pero quien sancione será un tribunal federal autónomo, independiente de cualquier poder público, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que ahora abarcará a particulares con los hechos de corrupción.

“Esto es totalmente novedoso a nivel mundial y en el distintos foros internacionales el SNA ha sido reconocido; ahora la autoridad deja de ser juez y parte”, concluyó.

 

CON INFORMACIÓN DE EL SOL DE MÉXICO

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