Se denuncian violaciones a derechos humanos de reclusos del Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez”



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Morelia, Michoacán. Manuel Téllez Girón.- Dentro del sistema de administración y procuración de justicia en nuestro país, se encuentra claramente establecido la protección a los derechos humanos de los reclusos o internos, y es que la CNDH ha insistido en que para abordar este tema es preciso entender que el derecho a la salud de las personas en internamiento penitenciario deben analizarse a la luz de normas nacionales e instrumentos internacionales, tanto en el ámbito penitenciario, como en materia de salud, en las que se establecen las obligaciones del Estado, como garante de que los custodiados tengan condiciones dignas en reclusión.

Y es que el derecho humano a la protección a la salud se encuentra garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1º, como parte de los derechos que el Estado se obliga a proteger; por su parte en el artículo 4º, se prevé que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud.”; así mismo este derecho se encuentra establecido en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional de manera precisa para las personas que se encuentran en reclusión.

Así, el derecho a la protección de la salud para las personas en internamiento penitenciario debe ser observado desde su más amplio sentido, garantizando éste no sólo a las personas sentenciadas, sino también a las que se encuentran en proceso.

Y es que el pasado 16 de mayo de 2019, el Lic. Ignacio Mendoza Jiménez quien encabeza la defensa jurídica de Martín R.M. quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez”, se constituyeron en el área de locutorios de citado centro penitenciario a fin de entrevistarse con su representado, y al momento de que ingresara su representado acompañado de un elemento de seguridad, se percataron de que su defendido tenía varia lesiones visibles a simple vista, por lo cual le llamaron y el elemento de seguridad le impidió que se acercara a sus defensores por su evidente estado de salud físico y psicológico, por lo que los abogados hicieron de conocimiento de los hechos en las oficinas correspondientes de citado Centro Penitenciario y al estar ya frente a su defendido, como se dijo anteriormente, a simple vista se percataron de que estaba severamente golpeado en todo su cuerpo e incluso presentando heridas de armas punzo cortantes, con probable fractura de nariz y región de las costillas. Por lo que los abogados solicitaron al director del CERESO “David Franco Rodríguez”, entre otras cosas garantizar su derecho a la salud recibiendo atención médica fuera del centro penitenciario por la gravedad de sus lesiones (Con las medidas de seguridad que estimara pertinentes), así como tomar las medidas necesarias para la protección de Martín R.M., toda vez que la vida de su defendido al interior del CERESO corre peligro.

De lo anterior se desprende claramente que pudiera haber responsabilidad administrativa ya que en los hechos mencionados pudieran haber incurrido servidores públicos de citado CERESO al permitir por acción u omisión, se lesionara gravemente al interno, poniendo incluso la puesta en peligro de su propia vida.

Y es que si una persona detenida o encarcelada muere o sufre lesiones graves, las autoridades penitenciarias deben informar a sus familiares, de acuerdo con lo previsto en la regla 44 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos:

  1. En casos de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes graves, o de su traslado a un establecimiento para enfermos mentales, el director informará inmediatamente al cónyuge, si el recluso fuere casado, o al pariente más cercano y en todo caso a cualquier otra persona designada previamente por el recluso. Esto implica a sus abogados defensores.

La situación no es aislada, pues hay miles de casos documentados en el que elementos de seguridad o propios internos privan de la vida a otros reclusos por diversos motivos, es preciso que la autoridad penitenciaria no sólo aclare los hechos, sino también proceda jurídicamente con los responsables y que garantice como es su responsabilidad la vida e integridad física y psicológica de cada recluso, de no ser así, pudiera tener responsabilidad administrativa e incluso jurídica.

Finalmente es preciso reconocer la labor oportuna de los abogados defensores de Martín R.M., quienes no sólo está al pendiente de su defendido, sino que además realizaron las actuaciones correspondientes ante el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez” y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, además de los actos reservados jurídicamente para la defensa de su defendido.

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Publicado por Ximena Perez
Fecha de publicacion:mayo 28, 2019 7:13 pm

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